lunes, 13 de octubre de 2008

Los/as trabajadores/as siempre pagan la crisis

Para el gobierno y el PSOE estaba claro que en España no había “desaceleración” económica y que éramos poco “patriotas” los que hablábamos de crisis, tal como acusaba Zapatero a los que antes, durante y después de las elecciones comentábamos que el modelo económico español acentuaba los defectos del modelo económico capitalista basado en la especulación bursátil-financiera, e inmobiliaria.

Cuando Solbes decía que no había crisis, otros hablábamos de que el rápido crecimiento económico español se basaba en la “burbuja” inmobiliaria que no cesaba de crecer y tendría que explotar.

La falta de liquidez bancaria o las inversiones especulativas de bancos, empresas y particulares, así como el desorbitado desarrollo urbanístico plagado de corrupción (tomemos como ejemplo a Paco “El Pocero”), eran elementos que no auguraban nada bueno, como así ha sucedido.

Esa falta de liquidez bancaria, unido a la carencia de un sector productivo fuerte, y al desarrollo del modelo económico basado en la construcción, han hecho que nuestra crisis sea especialmente dura y casi seguro, bastante duradera.

Ante esta situación, determinados estados ha decidido intervenir nacionalizando, o inyectando ingentes cantidades de dinero en su sector bancario, especialmente en los de alto riesgo que han dado millones de euros y de dólares en préstamos e hipotecas que ahora no pueden cobrar.

Zapatero y Solbes, una vez más, pretendiendo dar una falsa confianza en nuestra economía, tocada en sus pilares fundamentales, han defendido hasta última hora el sistema capitalista, hasta que los hechos en EEUU, Alemania, Francia, Benelux o Dinamarca con fuertes intervenciones en el sector bancario, les ha hecho rectificar a regañadientes. Y eso es lo peor, porque generan una fuerte inseguridad y temor, así como ocultan la situación actual y dan desconfianza a los ciudadanos que mayoritariamente son ahorradores y trabajadores asalariados.

Mientras el propio presidente de la patronal pedía un “paréntesis en el liberalismo” viendo lo que hacían los gobiernos de las grandes potencias, el gobierno se ha mostrado remiso.

Ahora el gobierno actúa como los demás gobiernos, haciendo una previsión de fondos de 30.000 millones de euros ampliables a 50.000 millones y protege a los ahorradores, subiendo de 20.000 € por persona y entidad bancaria (era la más baja de la UE) a los 100.000 €. Pero lo hace con desgana y arrastrado por los acontecimientos de las potencias económicas a las que criticó por sus medidas intervencionistas, dando ese punto de inseguridad a los ciudadanos que temen como responderá en caso de que la banca tenga dificultades, para ver si el gobierno podrá cumplir con el compromiso fijado en la garantía de depósitos.

Esta crisis generada por los ricos especuladores (bancos, empresas y particulares) la pagan los pobres. Y eso por diversos motivos:

1. La falta de liquidez y morosidad de los bancos se salva con dinero del estado, que viene de los impuestos de los ciudadanos. No con nacionalizaciones de las entidades financieras rescatadas para así crear un sector público que permita a los estados controlar los procesos económicos con la finalidad de que este tipo de crisis no vuelva a suceder. No entendemos porqué se da dinero a los bancos de fondos y no lo hace el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con las debidas garantías que exige asegurando que ese dinero no se reinvierte en actividades dudosas.

2. La falta de ventas de pisos y de actividad constructiva se salva con dinero del estado, que viene de los impuestos de los ciudadanos, no para que reciclen su actividad, sino sobre todo para que se sostengan como empresas haciendo lo mismo, cuando lo que cae es el mercado, es decir, las ventas. No comprendemos porqué se acepta la fórmula de comprar cédulas hipotecarias.

3. El Banco de España insiste en viejas recetas ya aplicadas en aquellas crisis del sistema cuando tenían excesiva producción y falta de ventas: la moderación salarial y la facilidad del despido. Pero también cuando no hay crisis de sobreproducción, se aplica la moderación salarial siempre relacionada a lo que sube el IPC con lo que no se reactiva el consumo. Por otro lado, facilitar aun más el despido supone un incremento del coste en el pago de prestaciones, de nuevo el descenso del consumo, el tener que reciclar a los parados con el coste que eso supone y la dificultad de encontrar empleo.

4. El número de parad@s oficial es alarmante, pero hay que tener en cuenta que desde febrero ha cambiado la ley que no computa como parados a todos los que no tienen empleo, con lo que la cifra en realidad es mayor.

5. Se hacen regulaciones de empleo en Bridgestone, Grupo Antolín, Renault; o cierres de Frigo, Lois, etc. Miles de empleos y empresas cierran porque no han tenido el rescate del dinero público del estado que viene como hemos dicho de todos los ciudadanos.

Ante esto el Partido Comunista de España, entiende que los sindicatos actúan con tibieza, no se sabe si por miedo o por estar domesticados por el sistema, ya que no exigen que se invierta dinero público en mantener los sectores claramente de producción. Como mucho han pedido que se cambie el modelo económico actual hacia otro que potencie los sectores productivos, dentro del llamado Manifiesto de la Moncloa firmado este año por sindicatos, patronal y gobierno y que no pasa de ser un documento de intenciones.

Esta crisis no sólo es la victoria de los ricos a los que se rescata en su desgracia después de años de obtener millones de beneficios. Puede ser también el final del sindicalismo de clase tal como le conocemos por su falta de negociación, de presión y de liderazgo en la defensa de l@s trabajador@s.


Comité Provincial del PCCL-PCE
Burgos.

domingo, 12 de octubre de 2008

Enrique Santiago da una charla en Burgos sobre la acusación a Remedios García por formar parte o colaborar con las FARC

Enrique Santiago, abogado defensor de Remedios García, ha participado en una charla organizada por el PCE de Burgos en la que ha resumido la situación creada por la acusación a Remedios García de formar parte de las FARC y posteriormente de colaborar con las FARC, todo ello integrado en un contexto de criminalización de los movimientos sociales, en este caso a aquellos que buscan una solución negociada al conflicto colombiano.

Enrique Santiago explicó cómo lo acontecido a Remedios García por su trabajo en una ONG que trata de ayudar a resolver el conflicto colombiano,es contextualizable en un escenario de criminalización de los movimientos sociales que buscan una salida negociada a ese conflicto dentro de los márgenes del derecho internacional de mediación. Criminalización amparada especialmente tras el 11-S, momento después del cual todo parece justificable en la lucha contra el terrorismo al margen de todo planteamiento jurídico académico, político y social de los conflictos.

Enrique Santiago comenzó haciendo una introducción del conflicto colombiano desde la época de la colonización, un conflicto económico ligado a los problemas de exportación del país y la consiguiente importancia de la tenencia de la tierra como principal fuente de riqueza del país, la aparición en la década de 1980 del narcotráfico a gran escala, es ascenso de Álvaro Uribe Velez al gobierno de Colombia apoyado por grupos ligados directamente con el narcotráfico, el Plan Colombia como tapadera de una política por parte de EE.UU de apoyo a las políticas belicistas del Gobierno de Uribe, etc.

Destacó por otra parte la diferencia del tratamiento a las FARC del 2002 hasta la actualidad, momento hasta el cual estaban reconocidas por el resto de los gobiernos, por ejemplo, europeos como una fuerza beligerante y no terrorista, siendo recibidos representantes de las FARC por miembros de los distintos gobiernos europeos como por ejemplo el del Partido Popular en España. Asimismo hizo un resumen de la actual situación conflictiva que vive el propio Gobierno Uribe desde que hace un tiempo la Corte Suprema de Colombia dictaminó que la última reelección de Álvaro Uribe como Presidente del país no se atenía a la legalidad del propio país, cómo entonces A. Uribe ha sometido a amenazas a la jurisprudencia del país sobre este tema, etc.

También hizo referencia a la política de intercambio de prisioneros desarrollada por las FARC en los últimos tiempos, lo que ha estado impulsado también por familiares de los secuestrados, y cómo las FARC han señalado su voluntad de liberar a rehenes pero el Gobierno de A. Uribe ha torpedeado cualquier posibilidad de liberación, llegando para ello incluso a violar la soberanía territorial de Ecuador en el ataque contra el campamento en el que se encontraba Raul Reyes como una forma de parar el proceso de liberación de rehenes, llegando incluso a asesinar en dicho campamento a estudiantes mexicanos que estaban realizando una tesis doctoral sobre las FARC.

En este contexto es en el que Remedios García es acusada de integración en banda armada y sentenciada por los medios de comunicación de este país, especialmente por el Grupo Prisa, el cual tiene grandes intereses económicos en Colombia (periódicos, libros, Radio Caracol y el contrato de instalación de la futura televisión digital. Uno de los elementos acusatorios hacia Remedios Martínez es que había entregado 5.000 dólares al representante de las FARC en Suiza, cuando en realidad, como ha explicado E. Santiago, la historia de los 5.000 dólares se reduce a que éstos fueron entregados a un refugiado colombiano en Suiza para que éste pudiese someterse a una operación craneal en una clínica privada, razón para la que necesitaba el dinero.
Pero en cualquier caso ese dinero en absoluto estaba relacionado con las FARC. El abogado defensor ha contado cómo finalmente deja de ser acusada de integración en banda armada y pasa a estar acusada de colaboración con banda armada, rebajando el juez la petición de la fiscalía de imponer una fianza de 20.000 euros a 12.000 euros.

En cualquier caso ha señalado la importancia de solidarizarse con Remedios García, la cual fue despedida de su trabajo después de la acusación, carece de recursos económicos y es bastante mayor, lo que conlleva una gran dificultad para obtener otro trabajo. Ha comentado que el 25 de octubre se celebrará un acto de solidaridad con la acusada y demás afectados en Madrid.

jueves, 9 de octubre de 2008

El PCE sobre la apostasía

Ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo, desde el Partido Comunista de España queremos denunciar la situación de indefensión en la que se encuentran todas aquellas personas que se amparan en la libertad de conciencia y que observan como una y otra vez su voluntad individual es ignorada por instituciones tales como en este caso concreto, la iglesia católica.

Hasta la fecha, únicamente existían dos formas de hacer efectivo el deseo de no pertenecer a dicha religión: reconocerse apóstata contra la fe católica o incurrir en “pena de excomunión”.

Pero se niega la única forma que permite de forma libre y voluntaria dejar de engrosar la lista de “fieles”.

Son muchas las personas que exigen respeto ante la asunción propia de creencias religiosas.


¿Qué sucede ante la misma petición de respeto por parte de aquéllos que defienden valores éticos y morales alejados de cualquier tipo de religión?, ¿tienen entonces que renegar del debido respeto?, ¿ha de suponer mayor tolerancia una creencia sobre otra?

El P.C.E. de nuevo manifiesta su indignación porque de nuevo la iglesia demuestra su más denostado desprecio hacia todas aquellas personas que quieren pensar por sí mismas, que guiadas por la libertad de conciencia y sin más máxima que la razón como seña, desean apartarse de aquellas doctrinas que intentan imponerse desde el nacimiento a todas las personas.

Las diversas artimañas de las que se sirve la iglesia para intentar evitar el reconocimiento de apóstata a la persona que libremente así se define, supone una constante vulneración de la realización efectiva de un derecho constitucional. Porque el Artículo 16 de la Constitución “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades (…)”.

Desde el P.C.E. manifestamos ser contrarios a los privilegios económicos y políticos de los que disfrutan las instituciones religiosas.

El P.C.E. exige de este modo el acatamiento del legítimo derecho de los apóstatas a no figurar de ningún modo en cualquier archivo, documento, fichero o estadística relacionada con una religión, especialmente la católica.

Porque desde el Partido Comunista de España defendemos que cada persona ha de poder disponer libremente de sus propias convicciones éticas y morales.

viernes, 3 de octubre de 2008

No más agresiones al castillo

Tras conocer que el Ayuntamiento de Burgos pretende hacer un nuevo aparcamiento subterráneo para 250 ó 300 vehículos en las laderas del Parque del Castillo, ocupando 4000 metros cuadrados, desde el Comité Local del Partido Comunista de España, deseamos manifestar nuestra radical oposición a tal proyecto.

Somos conscientes del problema del tráfico en la ciudad de Burgos, así como que es especialmente preocupante en el casco histórico desde la peatonalización que va progresando y con la que estamos de acuerdo.

Pero este problema no debe de resolverse a costa del Parque del Castillo, con la nueva agresión que sufrirá y que lleva años sufriendo.



Apostamos por aparcamientos robotizados, aparcamientos en altura o en superficie sobre edificaciones consideradas como equipamientos (sería igual definición que tienen las instalaciones educativas, sanitarias, de ocio, culturales o asociativas. Y que se busquen de esta manera las mejores ubicaciones y actuaciones.

Rechazamos esta medida por mucho que venga del Colegio de Arquitectos porque añade otra agresión a un parque con gran valor de ocio, paisajístico, natural, arqueológico y turístico para la ciudad.

El Castillo lleva años sufriendo actuaciones negativas en su perímetro. Primero fue el Plan Jerez, luego fue la Camposa (aún no paralizada del todo) y últimamente el proyecto de construcción de la nueva Cámara de Comercio, una parcela dada por toda la cara al empresariado burgalés a través de esta institución que en su día ya obtuvo sus compensaciones, amparándose en ser un servicio público cuando no lo es.

Por no decir otras actuaciones que se hicieron en época predemocrática (Parque de San Francisco, barriadas altas de la calle San Francisco, el centro comercial El Mirador, etc.), o de mejora de carreteras a costa de sus laderas.

Desde hace años pedimos un Plan Específico para el mantenimiento de los límites del Castillo y su conservación, algo que tímidamente y desde planteamientos erróneos para nosotros pretendió el concejal José Sagrado; pero era un inicio que ahora está en el olvido.

De esta manera se defendería su actual extensión, se recuperaría y mejoría la masa arbolada introduciendo especies autóctonas adecuadas, se podrían recuperar rutas para viandantes, se podrían mejorar sus especies animales y se evitaría que las parcelas particulares que aun forman parte de El Castillo no sirvan para la especulación.

Como nos tememos que una vez más PSOE y PP harán un parking en la zona, esperamos que técnicamente no sirva para meter cemento y deforestación en el lugar escogido y que el suelo del desmonte sirva para que se reforeste encima de ese parking.

Burgos, 3 de octubre de 2008
Comité Local del PCCL-PCE

miércoles, 1 de octubre de 2008

Privatizar servicios públicos empeora su calidad

Recientemente hemos tenido conocimiento de que el Servicio de Instalaciones Deportivas se plantea el contratar personal privado para trabajar los fines de semana domingos.

Desde el Comité Local del Partido Comunista de España en Burgos, queremos hacer llegar a la opinión pública las siguientes consideraciones:

1. Rechazamos tal posibilidad y que se plasme tal medida, ya que supone continuar con el proceso de privatización de los servicios públicos. Esta situación ya la venimos denunciando hace meses distintas organizaciones que hemos creado una plataforma para defender que no haya procesos de externalización, “subcontratación” o privatización en los servicios municipales.

2. Creemos que las mejoras laborales, como es la reducción de jornada, no deben de suponer que sea a costa de contratar trabajadores más baratos, por lo tanto con peores condiciones laborales en la empresa que se encargue de atender las instalaciones deportivas los fines de semana. Estos trabajadores trabajan en peores condiciones laborales y por supuesto salariales que los empelados públicos. Por eso resultan más económicos al Ayuntamiento.

3. Está demostrado que la “subcontratación” y la “externalización” no dan más calidad al servicio, ya que precisamente las empresas adjudicatarias son rentables al tener trabajadores peor formados, peor pagados y con perores condiciones laborales, lo que provoca desmotivación cuando no sobreexplotación.
Lo que al principio parece barato acaba siendo caro al no responder a las condiciones de calidad que los ciudadanos burgaleses demandan y a la que tienen derecho.

4. Si se debe reducir la jornada lo que debe de hacer el Servicio Municipal de Instalaciones Deportivas, y su Consejo de Administración, es aumentar la plantilla municipal en este Servicio.
Y dejarse de cuadraturas financieras o de gestión a costa de reducir la calidad en el mantenimiento y la atención de Instalaciones Deportivas, así como de tener trabajadores sobreexplotados y desmotivados por las condiciones de las empresas para las que trabajan.