TRAMPAS CONTRA LA CRISIS

Cuando una crisis estalla, los gobiernos de turno tratan de maquillarla hasta que su realidad es tan aplastante que ya no se puede ocultar más.

El PP y el PSOE como partidos que apenas establecen diferencias en algunos temas sociales, emplean iguales métodos ante las crisis del sistema: Privatizaciones de empresas públicas (según el PSOE que gobernaba lo pedía la UE, aunque ningún estado se ha desprendido de sus empresas públicas), reformas laborales (flexibilidad en el despido y en la indemnización para facilitar la contratación empresarial, pero tampoco evita las crisis) y demandas a l@s trabajador@s para que reduzcan derechos (menos salario y pérdida de poder adquisitivo para bajar los precios cuya subida ellos no provocan, más jornada laboral para ser más productivos a pesar de que hay un momento en que ya no vende más la empresa).

Pero todo esto fracasa porque el problema es que la capacidad de compra de las personas no es ilimitada y con estas medidas la mayoría de la población reduce su consumo, con lo que se agrava la crisis.

Entonces es el momento de maquillar por parte del gobierno de turno. Y se sigue echando aun más la culpa a la mayoría de la población, especialmente a los desempleados que son el eslabón más débil de la cadena. Se les echa la culpa reduciendo prestaciones y el periodo de cobro de la misma, tomando medidas que son justo lo contrario a lo que hacen estados como Dinamarca, o del centro y norte de Europa.

No hay nada mejor que culpar a los parados de las crisis y así reducir su protección lo más posible. En esto una vez más el PSOE y PP son iguales.

En 1985 el Ministro de Economía de Felipe González, del PSOE, Joaquín Almunia, actual Comisario Económico de la UE (que nos pone duras condiciones y ajustes económicos), dijo quienes no computan como parados para que bajaran las cifras de desempleo. Creó la figura de DENOS (Demandantes de Empleo No Ocupados). Así se excluyó a los jornaleros agrícolas subsidiados por el PER (Plan de Empleo Rural), con lo que la mitad del año que no trabajaban en los latifundios ni en las “peonadas” municipales, no contaban como buscadores o necesitados de empleo. Igual sucedía con los que piden desde el paro un trabajo inferior a 3 meses, o una jornada inferior a 20 horas semanales, que igual necesitan para ajustar sus situaciones familiares o personales (estudiantes universitarios que precisan trabajos de corta duración o no continuos para conseguir algún tipo de ingresos). Se excluyó a todos los estudiantes demandantes de empleo; muchos estudian precisamente mientras tratan de conseguir un empleo. O las amas de casa que deseaban salir del ámbito laboral del hogar para poder realizarse como personas trabajadoras.

En el 2000 el gobierno de Aznar del PP dio una vuelta de tuerca a los parados, culpándoles de su situación y añaden a los anteriores, quedando fuera del cómputo y de las subvenciones, a quienes rechazaron su inserción laboral. Lo cual supone a efectos prácticos, que los parados ya no sólo piden un empleo ajustado a su formación, sino que dejan de ser llamados parados si rechazan un trabajo diferente, o muy inferior a su formación, o rechazan un curso que nada tiene que ve con su perfil profesional. Hay que aceptar lo que sea para no quedar excluído y de paso cumplir el maquillaje gubernamental, si no eres sencillamente un vago y un caradura.

Y ahora desde el 1 de febrero, el Ministro Caldera crea el llamado Colectivo 17 por el que dice que un parado tiene que reciclarse cuando y en lo que le digan, o queda excluído del cómputo si no hace la formación de otro tipo de actividad.

Es evidente para el Partido Comunista de España que en la dignidad de las personas interviene entre otras cosas el tener un empleo que les permita desarrolla todas sus potencialidades como individuos y para la sociedad. Es también más que evidente que hay que dar formación continua a l@s trabajador@s en activo ante un mundo que avanza tecnológicamente muy deprisa.

Tenemos claro que l@s trabajador@s parad@s deben de ser reciclados en cursos de formación ocupacional.

Pero a cambio es necesario que l@s parad@s, que no han provocado su situación ni han querido perder su empleo, no sufran las culpas de un sistema que prima el beneficio empresarial a costa del empleo. El gobierno debe ampliar las prestaciones y periodos de cobertura de desempleo a estos trabajador@s que tienen que reciclarse.

El gobierno debe de elaborar políticas y llegar a acuerdos que generen empleo real y reduzcan el desempleo, y no debe de maquillar las cifras y presionar al eslabón más débil de la cadena que son l@s trabajador@s desempleados. La obligación del gobierno es buscar empleo y no sólo poner cada vez más condiciones para no ser apartados de la protección social que se merecen.

La constitución y la legislación avalan que una persona es población activa desde los 16 años hasta los 65 años. Y en eso debería el gobierno sus energías.