No tiene sentido para los/as comunistas/as analizar el hecho histórico del levantamiento de los Comuneros contra Carlos I. No tiene razón de ser aclarar si pretendían evitar un estado centralizado que superara el feudalismo, o por el contrario pretendían sentar las bases de un Reino de España en el que Castilla tuviera su personalidad propia.
Pero para los/as comunistas/as esta fecha, más allá de su significación histórica, es un símbolo de la reivindicación de Castilla y León como Comunidad Histórica, que fue fundamental en la configuración del Estado Español - con sus aciertos y errores –. Así como que Castilla y León es un territorio con personalidad propia en el conjunto del estado plurinacional que es España.
Por eso el 23 de Abril es una fecha de reivindicación y de concienciación sobre la realidad castellana y leonesa. Es una fecha para la reflexión de hacia dónde debemos encaminar nuestro proyecto como Comunidad Autónoma, para lograr muchas más mayores cotas de desarrollo y progreso.
La lucha comunera fue también una lucha popular y dirigida o apoyada por los sectores más bajos y excluidos de la sociedad estamental. Las reivindicaciones actuales castellano-leonesas deben de partir de las instituciones autonómicas con la participación de todo el tejido asociativo que es representante del pueblo castellano-leonés y que debe de recoger sus deseos y aspiraciones, para que conviertan a Castilla y León en una Comunidad equiparable a otras más desarrolladas del Estado Español en su desarrollo económico e impulso cultural.
El gobierno central ha dado un impulso a la reforma del Estado de las Autonomías. El proceso iniciado con la reforma de los Estatutos de Autonomía, abre un nuevo camino de transformación del estado hacia lo que debería ser un Estado Federal y Solidario. Y Castilla y León habría tenido que unirse a ese proceso para no quedarse descolgada y para integrar un nuevo modelo de Estado. Pero la reforma del Estatuto que pactaron PP y PSOE lo ha impedido.
Desde el PCCyL-PCE tenemos claros varios elementos: la población castellano-leonesa es escasa a pesar de la inmigración, está envejecida, sigue teniendo que emigrar, su espacio rural está despoblado y percibe rentas bajas, carece de servicios básicos e infraestructuras en numerosas zonas. Invertir esta situación es lo que hay que reivindicar.
El Gobierno Central debe de invertir en infraestructuras básicas fundamentales para el desarrollo como autovías y ferrocarriles (el Plan Oeste debe de ser ejecutado con urgencia, trenes de velocidad alta que unan Madrid con Valladolid-León-Salamanca-Burgos-Soria, que no se cierre la línea Madrid-Burgos por Aranda de Duero, que se potencie y mejore la red ferroviaria y la logística de las mercancías) que se den salidas desde Castilla y León a las periferias más dinámicas económicamente del Estado (el eje del Ebro, el eje del Mediterráneo, Cantabria y Euskadi),
Al Gobierno Autonómico hay que exigirle planes de desarrollo industrial de las zonas tradicionales devaluadas (León, Ponferrada, Béjar, etc) impulsando las más activas con el desarrollo ferroviario (Madrid-Aranda de Duero- Burgos- Miranda de Ebro, etc.) y creando nuevas autovías (autovía Dos Mares por Las Merindades - no autopista -, autovía a La Rioja desde Burgos, etc.)
Hay que desterrar las energías contaminantes y peligrosas que existen (Garoña, térmica de Ponferrada, etc.) y que se podrían poner (térmicas en Aranda de Duero y Miranda de Ebro) para impulsar energías limpias y su aplicación en los núcleos urbanos y en las industrias.
En esto sí que debe de ser beligerante y destinar recursos el Gobierno Autonómico, que a su vez debe de diseñar una política diferente de ordenación del territorio, siendo la base la comarcalización con criterios geográficos, históricos, tradicionales y culturales. Ha de desaparecer la ordenación provincial y las Diputaciones.
Es necesario impulsar un plan de desarrollo económico y social que combine los distintos sectores económicos predominantes, con otros complementarios, con el desarrollo del sector servicios (especialmente los servicios sociales públicos sometidos al empeoramiento de las condiciones laborales de sus trabajadores y de ocio) y el respeto al medio ambiente.
La Junta y el Gobierno Central deben de defender el sector agropecuario y buscar vías para su desarrollo y su competitividad.
El objetivo sigue siendo acabar con la emigración de los castellano-leoneses que no ven salidas, facilitar la implantación de empresas desde parámetros de sostenibilidad, generadoras de empleo estable y con derechos. Hay que integrar a los inmigrantes respetando su diversidad.
Esta es la lucha comunera de 2.008 contra el poder central: la búsqueda desde un marco estatutario que permita el desarrollo de Castilla y León con la financiación suficiente para impulsarse. Por eso necesitamos competencias amplias, pero con una financiación suficiente y sostenida a lo largo del tiempo (no vaya a suceder como con las competencias de educación y sanidad, cuya financiación fue totalmente insuficientes).
Comité Provincial del Partido Comunista de Castilla y León.
Burgos, 21 abril de 2008.
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