El Director General de FUNCAS quiere "bronca".

Las recientes declaraciones del director general de Funcas Victorio Valle son una auténtica declaración de guerra que pretende torpedear la mesura con la que están actuando las organizaciones sindicales ante la crisis. No son él, ni su organización, ni a los que representa los más indicados para hacer esas afirmaciones.

Señalar que el reciente acuerdo entre gobierno y sindicatos de la función pública es inadmisible rechazando por tanto la subida de un 0,3 % del salario y otro 0,3 % para complementar la pensión, es sencillamente una declaración de guerra. No estaría de más cuánto gana y cuánto le van a subir al próximo año. Como también el señor Valle obvia como las subidas salariales se han ajustado desde hace años al índice de la vida, nunca por encima de la misma en los mejores casos, porque lo normal ha sido la congelación salarial o haber subidas inferiores a los IPC producidos.

El señor Valle tampoco quiere recordar como los sindicatos se han movilizado para que los patronos cumplan las subidas reflejadas en los convenios firmados. O que durante años muchos convenios se firmaron muy por debajo de subidas del IPC con cláusulas de revisión topadas que nunca recuperaban todo el poder adquisitivo. Eso sí, en el lado empresarial, los beneficios de bancos, cajas, inmobiliarias fueron creciendo y no se reinvirtieron nunca en la mejora y cambio del tejido productivo y sólo fueron a más inversiones especulativas de tipo inmobiliario o financiero.

Por eso sorprende su desconocimiento de por qué el estado ha pasado del superávit al déficit público. Pues no es difícil explicarlo: durante décadas el estado privatizó un sector financiero y productivo por poco dinero y en muchos casos tras reflotar las pérdidas acumuladas por una mala gestión; no se ha recaudado más al no haber una reforma fiscal que grave a quienes más tienen, muy al contrario, se reduce la fiscalidad de las fortunas y se quitan impuestos de sucesiones o patrimonio.

Lo único que se gravará es el consumo cuando está resentido y sólo compran realmente los que más tienen, el resto lo hace según su situación económica y generalmente se “ajusta más el cinto”. Y se gravan los salarios a través del IRPF que no dan tanto como si se gravaran los más altos que “solo” aportarían 1.300 millones.

Pero además el déficit aumenta porque hay que proteger a parados y el sistema social además de aumentar la subvención a las empresas solventes y han recibido miles de millones bancos, empresas de automoción o inmobiliarias a las que no se le exige la creación de empleo, sólo que pague sus especulativas pérdidas.

Por eso el estado paga el 30% del presupuesto en la función pública que es lo que lleva pagando hace décadas. Pero entonces no se decía y ahora se piden despidos de empleados públicos que tienen derechos y no sufren explotación, para ser sustituidos por empresas privadas que explotan, deslocalizan, precarizan o pagan menos.

Es pedir que aumente o se haga todavía más evidente la falta de derechos laborales y precariedad, haciendo que el último reducto de trabajadores con derechos y dignidad laborales, sea también barrido del mundo laboral. Así se verá como normal que todos los trabajadores sean contratados, precarios, fáciles de despedir y tengan pocos salarios.

Como dijeron los sindicatos la subida del 0,3 % es lo que ahora se puede hacer y esperar a que mejore la economía para que mejore su poder adquisitivo. Y eso que han perdido en los últimos 10 años entre el 20% y el 30% de su poder adquisitivo.¿Cuántos ejecutivos de grandes empresas que ganan miles de euros al mes son despedidos e incluso demandados por los malos resultados y ERE´s que provocan y que no debieran de haber hecho cuando se les contrató?

Burgos, 24 de septiembre de 2009
Comité Provincial del PCCL-PCE Burgos.