El pasado domingo 17 de Enero conocimos a través de un medio de comunicación que tres fundaciones vinculadas a los sectores más integristas de la Iglesia Católica estarían interesadas en comprar al arzobispado de Burgos los colegios que posee.
El Comité Provincial del Partido Comunista de España (P.C.E.), quiere exigir a la Dirección Provincial de Educación y por extensión a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que en caso de que se produzca esta venta y aunque el arzobispado mantenga de alguna manera la gestión de dichos centros, se les retiren todos los conciertos y subvenciones de los que puedan disfrutar.
El P.C.E. defiende rotundamente la enseñanza pública de calidad, laica y universal para sus tramos obligatorios y postobligatorios. En ella deben tener cabida todo tipo de alumnos independientemente de las religiones que profesen, del poder adquisitivo del que dispongan, o de las ideologías que defiendan.
Y tienen derecho a recibir una enseñanza de calidad con todos los medios humanos, materiales e infraestructuras adecuadas. Por eso defendemos que el 6 % de PIB se destine a educación tal y como plantea la Unión Europea.
En ese marco de la educación pública es posible formar ciudadanos y ciudadanas con valores humanísticos y científico-tecnológicos, respetuosos con todas las ideas y religiones desde la igualdad en el conocimiento de las mismas.
Rechazamos por eso desde el P.C.E. que se den subvenciones a los centros religiosos, porque su proyecto educativo es claramente confesional y dirigido a determinada moral e ideología.
Entendemos que la religión debe quedarse en el ámbito de las familias y de sus centros religiosos y educativos. Pero en absoluto debe ser sostenida por el estado, las comunidades autónomas, las corporaciones provinciales y locales que por definición constitucional han de ser aconfesionales.
La compra de estos centros educativos por el sector más integrista del catolicismo español añadirá todavía una carga ideológica más reaccionaria al proyecto educativo confesional católico y a la formación del alumnado de esos centros. Por eso deben retirarse las subvenciones de las que disfrutan, así como denegar las que puedieran pedirse en el futuro. Aprovechamos para reiterar nuestro rechazo al concierto que tiene otro colegio de estas características: el Campolara.
Defendemos que lo primero es la enseñanza pública porque es integradora en su educación y su formación, permitiendo en su seno todas las ideas, religiones y tipos de personas. Y sólo cuando la enseñanza pública no pueda cubrir esa demanda social, es cuando se concierta con la enseñanza privada, en primer lugar aquélla que no esté vinculada a religiones concretas, y si no es posible, a las que respeten el proyecto educativo más globalizador e integrador posible.
Por otro lado nos tememos que estos centros una vez adquiridos por el Opus Dei, Comunión y Liberación o Camino Neocatecumenal (los “kikos” - de Kiko Argüello -), no sólo cambiarán el proyecto educativo, sino también el modelo, lo que puede implicar despidos de trabajadores y cambios de equipos directivos para ser más acordes con las ideas educativas integristas.
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