sábado, 31 de octubre de 2009

Contra el ATC en Merindad de Cuesta Urría

El PCE de Burgos manifiesta su rechazo a la consideración de instalar en Merindad de Cuesta Urría un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos nucleares que generen los reactores españoles en los próximos cuarenta años.

Este tipo de depósitos para los residuos presenta varios inconvenientes graves: La propia seguridad del cementerio: Posibles accidentes, catástrofes naturales (Incendios, etc.) o, incluso, sabotajes; La posibilidad de que la radiación sea demasiado alta en el exterior de los contenedores, como se ha constatado recientemente en Alemania; El peligro de los transportes, que se harían en la zona por carreteras que atravesarían los pueblos cercanos al cementerio.

Por otra parte es falso que el ATC vaya a generar puestos de trabajo, ya que es una instalación muy sencilla y una vez que esté construido bastará con una decena de personas para vigilarlo. Tampoco traerá ninguna riqueza, sino que hipotecará el futuro de la zona: ¿quién querrá venir a hacer turismo o a vivir cerca de un cementerio de residuos? En realidad los 12 millones de euros anuales que recibiría el municipio en concepto de impuestos por el movimiento de material radiactivo serían una pesada losa para su desarrollo, y entre otras cosas nos preguntamos por qué si verdaderamente no tiene ningún peligro su existencia se daría este fondo al municipio teniendo en cuenta la situación de penuria económica de las arcas municipales en su conjunto.

La pretensión de la Comisión Interministerial es que el ATC albergue los residuos radiactivos durante 60 años, pero en cualquier caso esto no arregla la situación ya que en el mejor de los casos el ATC está diseñado para unos 70 años y los residuos conservarán su potencial peligroso durante más de 100.000 años. Además contrasta con la política del Gobierno basada en acuerdos en materia nuclear con Francia y el no cierre de la central nuclear de Garoña, alargando su tiempo de vida, a la vez que no se afronta el cierre progresivo de nuestras centrales nucleares, lo que lleva a una progresiva acumulación de residuos y en consecuencia un agravamiento de la situación para el futuro.

Queremos destacar la irresponsabilidad del Alcalde de Merindad de Cuesta Urría, Alfredo Beltrán (PP), quien ahora niega que desde su responsabilidad de Gobierno municipal haya ofrecido el municipio como posible lugar para el ATC, pero en cualquier caso ahí están sus palabras, en las que entre otras cosas ha afirmado que “va a «estudiar esta convocatoria como cualquier otra que sea interesante para mi municipio. Mi postura no es la del no radical”, además de decir que “hay ayuntamientos que han estudiado el tema y entre ellos, está el mío”.

Por otra parte también nos parecen una irresponsabilidad grave las declaraciones de Dionisio Ruíz, Concejal del PSOE en el municipio, como por ejemplo decir que “Dicen que dan dinero por traer el almacén. Aquí no hace falta porque no vivimos gente […] Esta tierra no tiene futuro, que lo lleven donde haga falta el dinero”, ya que si algo necesita la Comarca son inversiones, pero en tejido productivo, en el desarrollo del mundo rural, del turismo rural, en infraestructuras, etc.

Comité Provincial del PCE Burgos

viernes, 16 de octubre de 2009

Aquí no sobra nadie

MANIFIESTO CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una política económica y social que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables:


DENUNCIAMOS


Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen.

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura Ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo de esta forma a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y manteniendo el injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual Ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno de la Unión Europea en el Estado español. Las personas solicitantes de asilo internadas en CIEs sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país.

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quien no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

Las sanciones contra quien empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto.

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niegan servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

El derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares. Limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas puedan participar en el espacio social.

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional.

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

El Proyecto no flexibiliza los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.


Por todo lo denunciado:


MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a la implementación de políticas sociales que favorezcan la convivencia.

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

DEMANDAMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

ENTIDADES QUE APOYAN ESTE COMUNICADO

1 ACCOREMA
2 ACUSE (Asociación Corazones Unidos por Senegal y España)
3 AMYCOS
4 Asociación Burgos Esperanza de Marfil
5 Asociación Casa de Guinea Ecuatorial en Burgos
6 Asociación de latinoamericanos en Burgos
7 Asociación ecuatoriana Nuestra Tierra
8 Asociación hispano-pakistaní en Burgos
9 Asociación Intercultural Atalaya
10 Asociación peruana Hijos del Sol en Burgos
11 Asociación Unión Progresiva IGBO de Nigeria
12 ATIM Burgos CyL
13 Burgos Acoge
14 Casa de Acogida San Vicente de Paúl
15 Delegación diocesana de Pastoral Obrera de Burgos
16 Ecologistas en Acción de Burgos
17 Eirene, Cultura para la paz
18 Equipo parroquial de Cáritas del Espíritu Santo, de Miranda de Ebro
19 Federación de Vecinos Francisco Vitoria de Burgos
20 FERINE Burgos (Federación Estatal de Asociación de Inmigrantes y Refugiados)
21 HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica)
22 Iniciativa Solidaria Internacionalista
23 Izquierda Anticapitalista
24 JOC (Juventud Obrera Cristiana)
25 Juventudes Comunistas de Burgos
26 Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes de Burgos
27 ONGD InteRed Castilla y León
28 PCE (Partido Comunista de España)
29 Programa de Apoyo al Inmigrante de Cáritas Burgos
30 Red Alternativa de Grupos de Burgos


Burgos, 17 de Octubre de 2009

domingo, 11 de octubre de 2009

El PCE de Burgos ante el agravamiento del drama del paro en la Provincia

1. Continúa el agravamiento del número de parados: Desde Septiembre pasado la provincia tiene 799 nuevos parados, lo que sitúa la cifra de desempleados registrados en las oficinas del INEM en 21.789 parados, un 3, 81% más que en el mes anterior. Esto quiere decir que respecto al mes de septiembre del 2008 el desempleo registrado ha aumentado en 7.148 personas, un 48,85% más.

2. Hay que tener en cuenta que el cómputo de parados del Ministerio de trabajo obvia a algunos cientos de miles de personas que realmente están en paro pero no se las cuenta como tal. Por ejemplo a los “Demandantes de Empleo No Ocupados” (DENOS) y a los desempleados "con disponibilidad limitada" no se les incluye. Teniendo en cuenta esto y haciendo un cálculo generoso, podríamos estar hablando de la existencia de algo más de 27.000 parados en la provincia.

3. El desempleo se ha cebado especialmente con las mujeres, tanto en Burgos como en Castilla y León, y en menor medida en España. De los 799 nuevos parados en Burgos 779 son mujeres y 20 hombres, en Castilla y León 3.664 mujeres y 729 hombres, y en España 46.411 mujeres y 33.956 hombres. Esto indica una destrucción mayoritaria en el sector servicios (635 de los nuevos desempleados), el cual, por cierto, suele estar ligado a condiciones de precariedad laboral y en consecuencia gran flexibilidad para el despido y escasa indemnización. Aunque el sector industrial también destruye empleo aportando 104 nuevos parados.

4. El desempleo va a seguir creciendo. El anuncio de cierre por parte de ZF Ansa Lemförder, uno de los principales fabricantes de componentes para la automoción de Burgos, que conlleva el despido directo de 226 trabajadores, y la afección a cerca de otros 200 empleos indirectos, ilustra la gravedad de la situación.

Para el PCE de Burgos está claro que la gestión de la crisis por parte de los distintos Gobiernos ha sido totalmente desacertada. Por parte del Gobierno central se han puesto miles de millones en beneficio del sector financiero a la vez que no se ha puesto dinero que llegue a las Pymes, autónomos, etcétera, y por otra parte la mínima parte de los fondos que han ido principalmente a través del Plan E han sido muy reducidos y ligados a la reproducción del modelo de desarrollo español que ha sido uno de los causantes de la crisis. No se ha invertido en desarrollo del tejido productivo, no se está invirtiendo en Formación, se está despilfarrando el dinero en infraestructuras superfluas y agresivas medioambientalmente, etc. Y por parte de los Gobiernos regional y provincial parece que no pasa nada, que seguimos en los años de bonanza y simplemente hay que repartir el dinero existente en base a los mismos patrones que en años pasados, pensando que la inversión en obras va a limitar la destrucción del empleo o nos va a sacar de la crisis.

Los Gobierno central y regional se tienen que implicar en el endurecimiento para la aceptación de los EREs, y junto con las administraciones provinciales y locales tienen que desarrollar políticas activas de creación de empleo, a través, por un lado, del fomento de empresas de economía social y, por otro, de la creación de empresas públicas para la gestión de determinados servicios públicos como limpiezas viarias, servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, servicios de comida a domicilio, en tareas relacionadas con el cuidado y la protección del medio ambiente.

Desgraciadamente para esto hace falta voluntad política, que es lo que no tienen ni el PP ni el PSOE. Voluntad política fundamentada en apostar por políticas públicas generadoras de empleo estable, de calidad y con derechos; y la segunda, no considerar a las Administraciones Públicas como las que sólo deben trasvasar sus dineros públicos a las empresas privadas.


Comité Provincial del PCE Burgos

martes, 6 de octubre de 2009

El Gobierno apuesta por una reforma fiscal de derechas

El fundamento de esta nueva reforma fiscal es que su impacto recaudatorio anual es de 10.950 millones de euros, cifra que a su vez tiene su fundamento en que dicha cifra será recaudada en casi el 90% de entre la población en general, es decir, de los mileuristas, pensionistas, trabajadores en general, etc.

1. Para empezar hay que decir que es cierto que la medida de los 400 € no era progresiva, en consecuencia era injusta y encaminada a un “adelgazamiento del Estado” como elemento de intervención pública en la economía (4.000 millones de euros), y en consecuencia negativa para la clase trabajadora. Pero a su vez ahora que se elimina la medida no es lo mismo el efecto para una renta baja que para una renta alta, y en consecuencia su eliminación tal cual vuelve a ser una medida de derechas, porque con un 63 % de trabajadores mileuristas en el país y con nuestra situación económica sería perfectamente lógico que a este sector de la población se le hiciese una rebaja fiscal progresiva a la vez que como se ha hecho en Gran Bretaña se sube la fiscalidad en clave progresiva a las rentas más altas. Por lo tanto la medida en origen es nociva desde una perspectiva de clase, pero sí que ahora se debería haber afrontado su eliminación de otra forma como la que comento.

2. La subida del tipo general del IVA del 16 % al 18 % y del tipo reducido del 7 % al 8 %, manteniendo el tipo reducido al 4 %, con el objetivo de recaudar 5.150 millones de euros es la medida estrella para la erosión del poder adquisitivo de los salarios, ya que van a ser las rentas del trabajo las más afectadas con dicha medida, de cuyos los bolsillos van a salir la mayoría de la mencionada cifra. Consecuentemente estamos contribuyendo a potenciar una fiscalidad regresiva y a un aumento de la proporción que aportan las rentas del trabajo a las arcas del Estado, siendo ya España uno de los países de la UE donde más descompensada está la balanza en este sentido.

3. Y por último vamos a hablar de la presunta subida de impuestos a las rentas del capital, la cual no puede ser una afirmación más engañosa si de verdad pensamos que la medida tiene alguna profundidad y por el contrario no es un gesto de cara a la galería por parte del Gobierno para justificarse ante un electorado que cada vez le ve más lejano.
La medida consiste en una subida para todos (Repito, para todos) del 18 % al 19 % del gravamen de las rentas del ahorro para los primeros 6.000 €, y el resto al 21 %. La realidad es que el Gobierno espera recaudar con esta medida 800 millones de euros, de los cuales ¡¡ según la propia Ministra Elena Salgado ¡¡ sólo unos 430 millones de euros serán de los que declaran por encima de los 6.000 €, es decir, que la otra mitad será pagada por los que declaran ingresos por rendimiento de ahorro inferiores a los 6.000 €, que son la inmensa mayoría. La conclusión de esta medida es que las rentas del capital siguen a buen resguardo, y que el capitalismo ha vuelto a ganar otra batalla a los intereses sociales de la inmensa mayoría de la sociedad.

Como muestra de esto es que las SICAV siguen a salvo, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Actividades Económicas parecen historia, las exenciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones están entronizadas, una reforma fiscal progresiva del IRPF es un insulto a la inteligencia del Sistema, la lucha contra el fraude fiscal es una utopía, y además se nos anuncia la reducción del Impuesto de Sociedades del 5 %. La cuadratura del círculo.

Comité Provincial del PCE Burgos

El PCE del Valle de Mena denuncia las numerosas deficiencias de la gestión municipal

Desde el PCE del Valle de Mena queremos dar nuestra opinión opuesta a un contenido existente en el último número de la publicación municipal elaborado por el equipo de Gobierno según el cual hay una “gestión responsable del Consistorio” relacionándolo con la deuda bancaria existente, baja para los ojos del PSOE Menés. Hay un refrán castellano que dice “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Pues es lo que creemos que le pasa al PSOE.

El PCE del Valle de Mena manifiesta que una buena gestión municipal no se mide sólo por el dinero que hay en caja, o por las deudas que pueda tener, sino principalmente por en qué se invierte el dinero público. Se mide por la inversión en servicios sociales, por el desarrollo equilibrado y sostenible de su principal núcleo urbano y sus pedanías, porque haya políticas activas de empleo, porque el Ayuntamiento participe en primera persona en el desarrollo del tejido productivo más allá de las ventajas de vivir al lado de Vizcaya y su entorno industrial, el grado de interrelación de las personas y localidades que forman el municipio, la inversión en infraestructuras, la calidad de los servicios que atiende el Ayuntamiento, etc. Y aquí es donde la gestión municipal falla.

Mientras alardean de buena gestión y hablan de la baja deuda del municipio en comparación con otros, no hablan de la privatización de servicios como por ejemplo el de las basuras, trasladando así el coste de éste a los ciudadanos por un precio mayor a la vez que se somete a los trabajadores a peores condiciones de trabajo; Del abandono histórico de las pedanías en todos sus niveles, desde sus infraestructuras básicas pasando por la paupérrima atención social en ellas; Del prácticamente inexistente servicio de transporte existente en el Valle que impide a los ciudadanos –especialmente a los más jóvenes y a los más mayores- tener posibilidades de desplazamiento para necesidades de la vida diaria; La deficiente pavimentación de numerosas carreteras de competencia municipal; Los altos impuestos de servicios básicos; La falta de sensibilidad medioambiental y la consecuente falta de inversión de cuidado de nuestros montes y por el desarrollo y cuidado en ellos de especies arbóreas autóctonas en vez de someterlos masivamente a la plantación de árboles de explotación; El deficiente servicio de agua de numerosos pueblos por falta de inversión; La práctica inexistencia de servicios de atención social y de personal especializado para atender a colectivos sociales desfavorecidos o sencillamente olvidados porque no hay propuestas ni realizaciones para jóvenes, mayores, discapacitados, inmigrantes o excluidos; etc.

Especial atención merece el desarrollo de las pedanías, que deben tener mayor presencia en la política municipal, ya que debe mejorarse agua, luz, telecomunicaciones y por supuesto una frecuente o diaria presencia de personas y servicios entre Villasana y el resto de las pedanías.

Por lo tanto el PSOE sólo lanza propaganda. Pretende justificar con una menor deuda una deficiente gestión que ha cambiado la tipología del Valle, pero que no ha mejorado la calidad de vida de sus localidades y vecinos. Más bien da la impresión de que hay un Gobierno municipal que piensa vivir de las rentas del entorno industrial de Vizcaya y de la extensión de la construcción de viviendas de forma extensiva, sometiendo con este último elemento a las arcas municipales a continuas inversiones mientras se desatiende el entorno habitacional histórico del Valle de Mena.